PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LAS PRÁCTICAS EXTRACTIVISTAS EN TERRITORIOS Y COMUNIDADES COSTERAS

-Red de Comunidades Costeras – Presentación para el II Congreso Científico Provincial sobre Cambio Climático
Autores: Trabajo colectivo de la Red de Comunidades Costeras
La Red de Comunidades Costeras está integrada por asambleas territoriales y personas autoconvocadas desde Santa Teresita ( prov.de Buenos Aires) hasta Ushuaia ( prov.de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur).
Como vimos, y como sabemos, el extractivismo, en un sentido amplio y en sus diferentes formas y escalas, se ha convertido en el principal factor de presión socioterritorial y ambiental en América Latina y el mundo. Sin dudas esta faceta del capitalismo contribuye al calentamiento global y a la crisis climática que resulta objeto de este congreso. A continuación hablaremos de lo que sucede en algunos de los territorios en donde este modelo se ha expandido de forma atroz.
Costa bonaerense
Si bien la provincia de Buenos Aires ya se encuentra impactada por la actividad hidrocarburífera debido al desarrollo de destilerías, refinerías, petroquímicas y afines, tal como se expuso previamente aquí sobre la situación específica de Bahía Blanca o como sucede en la zona norte, en Campana y Ensenada, lo que se nos está proponiendo es convertirla en productora de petróleo y gas, expandiendo la frontera extractivista a partir del desarrollo del offshore en aguas ultra profundas en el talud continental.
Hoy estamos ante la inminente arribo del buque BGP Prospector, que iniciará la exploración sísmica en el bloque CAN 100. Esta embarcación fue contratada por la empresa Noruega Equinor y por YPF para relevar los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo marino. A continuación, haremos un repaso de las decisiones políticas que nos trajeron hasta aquí:
En 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se planteó la posibilidad de extender el límite externo de la plataforma continental argentina. A simple vista, esto parecía una buena noticia. En 2017, en el gobierno de Mauricio Macri, la ONU hizo lugar a esta pretensión Nuestra Cancillería dijo textualmente que “el límite otorga seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de gas y petróleo, u otros minerales”.
En mayo de 2019, a través del Concurso Público Internacional Nº1, la Secretaría de Energía otorgó 18 áreas marítimas a las corporaciones petroleras para la exploración y explotación de petróleo y gas. A su vez, asignó de manera directa el bloque CAN 100 (ubicado a 300 km de la costa bonaerense), a la empresa YPF, quien en 2020 compartió la titularidad con EQUINOR y SHELL.
Las grandes petroleras como Equinor, YPF, Shell, Total, BP, Exxon, son parte del entramado corporativo al que se le entregó el mar. El Estado Nacional con el aval de los estados provinciales y la Justicia, impulsa el extractivismo con políticas que favorecen la entrega y el despojo.
Debido a las condiciones extremas que se dan en el mar, los accidentes y derrames de petróleo son inherentes a la actividad offshore. Esta involucra miles de kilómetros de litoral marítimo con la construcción de la infraestructura petrolera: redes de oleoductos y gasoductos, puertos, astilleros, terminales industriales, instalaciones de apoyo, estaciones de transbordo de carga, refinerías, estaciones de almacenamiento, tránsito de buques petroleros y helicópteros, etc., dañando de manera irreversible el ecosistema marino, los frentes costeros y las economías regionales de las comunidades asentadas a lo largo de toda la costa atlántica.
El desastre socioambiental de 1999 en las costas de Magdalena, en el Río de La Plata, es un claro ejemplo: allí ocurrió el mayor vertido de hidrocarburos en aguas dulces. Estos cinco mil metros cúbicos de crudo tipo Hydra provenían de la extracción submarina de Tierra del Fuego. Sobre el rol de la provincia respecto al offshore hablaremos más adelante.
El mar es un bien común, alrededor del cual las comunidades costeras nos hemos desarrollado económica, cultural y socialmente. Es parte de nuestra identidad. Por eso, desde que tomamos conocimiento del concurso público internacional, venimos realizando acciones de visibilización y resistencia en distintos territorios costeros, para demostrar que la exploración sísmica y la instalación de plataformas petroleras en el mar no tiene licencia social.
Construimos resistencia desde abajo.
Golfo San Matías
Sigamos con el Golfo San Matías. En 1995 comenzaron rumores de construcción de un oleoducto desde Rincón de los Sauces, Neuquén, hasta el Balneario Las Grutas, Río Negro.
En 1999 la provincia promulgó la Ley provincial N°3308, que prohibía en el golfo, tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten estos productos. Dicha ley fue el fruto del trabajo de la comunidad local y las organizaciones civiles y políticas que la acompañaron.
Pero en septiembre de 2022 la legislatura derogó la ley 3308. En simultáneo se anunció la realización del proyecto de YPF -Vaca Muerta Oil Sur, el cual consiste en la construcción de un oleoducto desde Vaca Muerta, en Neuquén, hasta Punta Colorada, Sierra Grande, en Río Negro y que transportará petróleo crudo para ser exportado por vía marítima a través del Golfo San Matías. Una vez más desde la comunidad y las asambleas participamos activamente para frenar el avance del proyecto y rechazar la derogación de la ley.
El Golfo es el segundo en extensión del Mar Argentino y el único que no está contaminado por hidrocarburos. Es una cuenca semicerrada, con profundidades máximas en su parte central de 220 m. Su boca, de 100 km de longitud, está comprendida entre Punta Bermeja, (Pcia. de Río Negro) y Punta Norte en Península Valdés (Pcia. de Chubut) y se abre hacia el este comunicando directamente con la plataforma continental Argentina. Posee características ambientales propias debido al bajo nivel de intercambio de sus aguas con la plataforma adyacente. La biodiversidad vegetal y animal está representada por algas,
invertebrados, moluscos, crustáceos, peces, aves y mamíferos marinos. Entre sus áreas marinas protegidas se encuentran: Península Valdés, Puerto Lobos, Complejo Islote Lobos, Caleta de Los Loros y Punta Bermeja. La ballena franca austral, se congrega aquí entre los meses de mayo a diciembre de cada
año. Una vez finalizada la época reproductiva regresa a sus zonas de alimentación. Por lo
cual toda la franja costera es un área de altísima sensibilidad ya que alberga a la porción de la población que en estado adulto podrá reproducirse. En cuanto a las corrientes marinas, el golfo tiene una gran influencia de la marea y es más profundo que la plataforma adyacente por ende se generan sistemas de circulación cerrada. Estos junto a los frentes térmicos producen tiempos muy extensos de residencias de la masa de agua en el interior, lo que genera que potenciales contaminantes permanezcan gran parte del año en su interior.
La expansión de Vaca Muerta en el golfo San Matías a partir del proyecto de construcción de un oleoducto y puerto petrolero nos llevó a una serie de acciones que consistieron en la conformación de la Multisectorial en Defensa del Golfo, la integración de algunas de las asambleas del Curru leufu a la Red de Comunidades Costeras y la articulación a nivel plurinacional con la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones ( BFS).
¿Qué significa modificar una ley que protege al ambiente?
No respetar el derecho constitucional a un ambiente sano, tomar decisiones regresivas que dejan desprotegido el ambiente marino, en flagrante violación del Acuerdo de Escazú. Frente al cambio climático y por el fin del uso de los combustibles fósiles decimos NO a la construcción de un oleoducto y un puerto petrolero.
Chubut
Prácticas extractivistas en Chubut: del plebiscito de 2002, el Chubutazo y violencia institucional en torno a la megaminería.
1) Marco Introductorio:
Los “extractivismos” (en un sentido amplio y en sus diferentes formas y escalas) se han convertido en el principal factor de presión socio-territorial y ambiental de América Latina y el mundo. Una de las prácticas extractivistas a gran escala es la minería a cielo abierto o megaminería que provoca impactos en los cuerpos y territorios, entre los que se destacan:
● Gran consumo de energía: eléctrica y quema de combustibles fósiles.
● Explotación a cielo abierto, fragmentación del territorio y desplazamiento de las comunidades.
● Agotamiento de los bienes comunes (metales) y uso de grandes volúmenes de agua.
● Utilización de sustancias potencialmente contaminantes y liberación de metales pesados en el ambiente (cobre, plomo, mercurio, cianuro, arsénico, entre otros).
● Generación de pasivos ambientales (escombreras, dique de cola, drenaje ácido de mina), degradación de los suelos y pérdida de biodiversidad.
● Daños irreversibles en los ecosistemas y en la salud humana.
2) Desarrollo: contexto socio-histórico territorial y criminalización de la protesta
Desde el punto de vista histórico, social y territorial en Chubut, las expresiones populares contra la megaminería comienzan en el 2002, cuando un grupo de vecinxs autoconvocadxs de la localidad cordillerana de Esquel se vieron movilizados por el arribo de una empresa minera transnacional que pretendía explotar oro y plata en las montañas cercanas a la ciudad. En el 2003, mediante un plebiscito (consulta popular vinculante) el 81% de la población se expresó por el «NO A LA MINA», siendo un logro popular e hito fundacional e inspirador para otros pueblos de Chubut, Argentina y América Latina en términos de lucha socioambiental. La persistencia de movilizaciones y debates sociales dio lugar a la sanción de la Ley Provincial 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro en el territorio. En 2014 y 2020, se presentaron dos propuestas legislativas —generadas bajo la figura de Iniciativa Popular (IP) — para complementar la ley actual que restringe la actividad minera en un contexto de profunda crisis política, económica y social en la Provincia. Sin embargo, ambos intentos de tratamiento fueron infructuosos y colisionaron con el aparato (“lobby”) estatal-empresarial que promueve la actividad.
En Diciembre de 2019, 6 Asambleístas fueron detenidos, golpeados y torturados por fuerzas policiales a cargo del Ministro de Seguridad Federico Massoni tras la protesta pacífica frente a la legislatura provincial en rechazo a la modificación de una ley pro-minera y, en defensa del agua y sus derechos. Estos hechos (sumados a otros ocurridos durante la Pandemia Covid-19) dieron comienzo a la vulneración de derechos democráticos básicos de la ciudadanía. Luego de un año, la Justicia provincial decidió resolver en que lxs vecinxs implicados en la causa queden sobreseídos y liberados. Aún así, tras cuatro años de lucha contra la impunidad y en un marco de numerosas irregularidades judiciales, se está llevando actualmente el juicio a 4 efectivos policiales responsables materiales de estos crímenes. Esto demuestra un claro ejemplo de la participación activa de parte del Ministerio Público Fiscal local en la protección del aparato represivo a los intereses de los capitales de la megaminería y de la administración del gobernador Mariano Arcioni.
En noviembre de 2020, el gobierno de Chubut presentó a la Legislatura un proyecto de modificación de la ley vigente (PL 128/20) dirigido a habilitar, zonificación mediante, la explotación metalífera en la meseta central norte (área de sacrificio). Dicha reforma estuvo bajo el “lobby” de la compañía canadiense Pan American Silver (PAS) que impulsaba el proyecto Navidad, (uno de los depósitos de plata, cobre y plomo más grandes del mundo). En ese contexto, las expresiones de movilización, rechazo, concientización y organización popular de múltiples sectores no tardaron en llegar y fueron cada vez más crecientes en diferentes putos de la provincia. En Mayo de 2021, un corte sobre la ruta nacional N° 3 a la altura de la ciudad de Trelew, derivó en una política de criminalización de la protesta social y vulneración de derechos dando como resultado el procesamiento de, inicialmente 16 asambleístas que participaron de la medida (actualmente y, por resolución de la justicia federal, quedaron 5 asambleístas procesados) Así, varios intentos de tratamiento parlamentario acabaron suspendidos hasta el 15 de diciembre de 2021; fecha en que, en el transcurso de una sesión viciada de irregularidades y a “espaldas del pueblo”, se aprobó la ley de zonificación minera con un claro apoyo de referentes políticos nacionales, provinciales, municipales, y sindicatos (UOCRA, Camioneros, entre otros) bajo la fuerte presión empresarial minera.
A partir de ese suceso, hubo varios días de movilizaciones en todo el territorio provincial, que incluyeron diversas formas de luchas colectivas: cortes de ruta, asambleas permanentes, movilizaciones y quema de la casa de Gobierno, lo que fue contestado con una fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad en las principales ciudades de la provincia: manifestantes golpeados y baleados, persecuciones en las calles de Rawson y Trelew, infiltraciones de fuerzas de seguridad. Esta movilización popular precipitó en una verdadera pueblada: el “CHUBUTAZO” donde diversos actores sociales tales como: asambleas socioambientales, comunidades mapuche-tehuelches, instituciones académico/científicas, organizaciones de derechos humanos, iglesias, sindicatos de la industria pesquera y de alimentación se pronunciaban y exigían la derogación de la ley y el cese de la violencia institucional por parte del Estado mientras se manifestaban en la calle.
Finalmente, el 21 de diciembre de 2021, bajo un contexto de desconfianza popular masiva sobre las autoridades e instituciones democráticas, se derogó la ley de zonificación en una sesión virtual legislativa.
3) Reflexiones finales:
A 20 años de aquel hito histórico del “NO a la Mina” en Esquel, la experiencia del Chubutazo en 2021 y, a 40 años del regreso de la Democracia, el conflicto socioambiental en torno al extractivismo minero sigue vigente, el discurso hegemónico, la propaganda y lobby a favor de la actividad no se detiene, pese a que gran parte de la ciudadanía se expreso en las calles diciendo: NO es NO. Aún así, la complicidad de los 3 poderes (ejecutivo, legislativo, judicial sumado a las Instituciones público/privadas) bajo la fuerte presión de las grandes compañías extractivas, se traducen en 2 acciones bien marcadas:
1) violencia institucional que se cristaliza en fuerte represión, criminalización de la protesta social y vulneración de derechos básicos.
2) políticas públicas (que en las prácticas) lejos están de poder preservar nuestros bienes comunes: sociales, culturales, naturales e históricos en tiempos de una profunda crisis civilizatoria y calentamiento global.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Durante más de 30 años, la explotación de hidrocarburos y otras prácticas extractivistas en la provincia así como sus impactos irreversibles en el ambiente (por ejemplo la explotación de turba, el turismo masivo y de alto impacto, la deforestación, la pesca industrial, la gentrificación, etc.), fueron invisibilizadas de forma deliberada por quienes las han desarrollado. La necesidad de habitar la región, las condiciones de insularidad y climáticas, los conflictos de soberanía con Chile e Inglaterra, el crecimiento poblacional y la falta de planificación así como de infraestructura para satisfacer las necesidades básicas de los
nuevos residentes, entre otras cuestiones, favorecieron la expansión del modelo extractivista de manera silenciosa.
Desde la década del 90, el consorcio de la francesa Total Energies, la subsidiaria de BP Pan American Energy y la alemana Wintershall Dea opera los yacimientos offshore de la Cuenca Marina Austral y tiene el monopolio de este tipo de explotación a través de cinco plataformas no tripuladas, en aguas poco profundas, a unos 60/70 km de la la costa, con 7 pozos de extracción de petróleo y 10 pozos de gas. Estas plataformas están conectadas con las plantas de tratamiento Río Cullen y Cañadón Alfa a través de gasoductos y oleoductos. Los líquidos son transportados hasta las Monoboyas Río Cullen y San Sebastián y de allí se despachan a los buques. Además, existen conexiones de exportación con Chile.
Hoy sabemos que las promesas de bienestar, desarrollo y crecimiento no son verdaderas.
Sabemos que pese a las divisas y regalías (del 3% de lo declarado), la cuenta, deja un saldo negativo tanto en dinero como en daños, destrucción e impactos ambientales: ya sea por los subsidios que recibe la industria, los beneficios impositivos como el que prevé el régimen especial aduanero de la Ley 19640 y otras maniobras propias del mercado, el mundo financiero y la salida de divisas para sostener las inversiones del sector o para el pago de la ilegítima deuda externa. O bien por la contaminación, los derrames, el impacto a los ecosistemas marinos y la contribución al calentamiento global.
Pero el plan del gobierno y de las empresas, como hemos visto a lo largo de los relatos de cada territorio, es expandir la frontera extractivista sobre el mar. En el caso de Tierra del Fuego, en primer lugar con la instalación de la plataforma Fénix que conectará con Vega Pléyade a través de un nuevo gasoducto, y que incluye la perforación y conexión de 3 pozos para la explotación de gas. La plataforma se está construyendo en Italia y al momento de celebrarse la audiencia pública 01/2023, ya estaba realizado el 60% de la obra. Categorizado como una ampliación de las explotaciones existentes pero con una Evaluación de Impacto Ambiental que no contempla los impactos acumulativos ni sinérgicos con las plataformas de la región. Tampoco contempla los impactos acumulativos de la totalidad de los proyectos que pretenden desarrollarse en el mar y que expusimos en este encuentro.
¿Y qué es lo que se viene?
En el mismo “Concurso Público Internacional N°1” se adjudicaron permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en 11 bloques repartidos entre las cuencas Malvinas Oeste y Marina Austral. Las empresas ya mencionadas vuelven a protagonizar la fragmentación y entrega del mar. Entre ellas Tullow, una empresa inglesa a la que se le otorgó la concesión de los bloques 114, 119 y 122 de la cuenca Malvinas Oeste. La soberanía es solo un término para hacer campaña, pues cuando se trata de negocios y de la entrega del mar, deja de tener importancia ¿Cómo explican los funcionarios que el proyecto petrolero offshore en el Mar Argentino lo lleven la anglo-holandesa Shell y la inglesa Tullow o la noruega Equinor, que tiene como una de sus directoras a Anne Drinkwater, asesora en temas petroleros del ilegítimo gobierno kelper en las Islas Malvinas? Finalmente, si pensamos en las Áreas Marinas Protegidas de la zona: PENÍNSULA MITRE NAMUNCURÁ-BANCO BURDWOOD I y II, ; el ÁREA MARINA PROTEGIDA YAGANES la RESERVA ISLA DE LOS ESTADOS Y ARCHIPIÉLAGO AÑO NUEVO c y la RESERVA COSTA ATLÁNTICA y declarada sitio RAMSAR; y analizamos la expansión de las áreas de explotación y/o exploración de hidrocarburos, veremos la incongruencia entre cualquier acción o discurso de los gobiernos-empresas nacionales, provinciales y municipales y los acuerdos, convenciones, tratados y cumbres internacionales a las que asisten para decir “no más combustibles fósiles” o hablar catedráticamente y solo teóricamente sobre el calentamiento global.
La red de comunidades costeras seguirá caminando junto con otras asambleas y comunidades.
¡No pasarán!
¡No hay licencia social para estos proyectos de muerte!
Somos una marea que no para de crecer.
Nos vemos este 4 de octubre en otro Atlanticazo ¡El mar no se vende, se defiende!





